En mayo de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que los ciudadanos de la UE tienen “Derecho al Olvido”. Eso significa que cualquier individuo puede solicitar a los motores de búsqueda como Google la retirada de enlaces a páginas que contengan información personal relativa a ellos mismos.
Es importante precisar que la ley no supone la eliminación de la página web que contiene la información sino que hace que esa página no se pueda encontrar en los motores de búsqueda.
Una ley con origen español
La llamada Ley del Olvido tuvo su origen en una queja que un ciudadano español realizó ante la Agencia Española de Protección de Datos contra un periódico y contra Google España. El ciudadano se quejaba de que la noticia del embargo de su casa aparecía en los resultados de Google y que, por lo tanto, su derecho a la privacidad no estaba siendo respetado ya que el caso se había resuelto en los tribunales y por lo tanto ya no era relevante.
En concreto el ciudadano solicitó que el periódico eliminase la noticia y que Google retirase todos los enlaces a la página en cuestión.
La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Un tribunal español refirió el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que emitió el 13 de mayo de 2014 una resolución que contenía tres puntos principales:
- Sobre el derecho al olvido: los individuos tienen el derecho, bajo ciertas condiciones, de pedir a los motores de búsqueda que retiren enlaces con información personal acerca de ellos mismos. Esto se aplica cuando la información sea imprecisa, inadecuada, irrelevante o excesiva.
- Sobre la territorialidad de las leyes de la UE: aunque el servidor de la compañía esté situado fuera de Europa, las leyes de la Unión Europea son aplicables a aquellos motores de búsqueda que dispongan de una sucursal o subsidiaria en un estado miembro.
- Sobre la aplicabilidad de la legislación de protección de datos a un motor de búsqueda: los motores de búsqueda son gestionadores de datos personales. Google, por lo tanto, no puede escapar a sus responsabilidades ante la ley europea a la hora de manejar datos personales. La ley de protección de datos europea es aplicable así como lo es el derecho al olvido.
¿Cómo funciona el proceso para ejercer el derecho al olvido?
El Tribunal de Justicia de la UE dejó en manos de Google el diseño de un método para la aplicación de la ley, es decir, para que los ciudadanos pudiesen solicitar la retirada de los resultados.
Para ejercer el derecho, el ciudadano debe completar este formulario que enlazamos al final de este post y que está alojado por el propio motor de búsqueda. El solicitante debe introducir su país de residencia, información personal, la dirección de las páginas a retirar y una pequeña descripción de cada una.
Una vez enviada la solicitud, Google envía un email de confirmación de recibo y empieza el proceso de evaluación para determinar su retirada o no.
Si la solicitud es aceptada, el enlace es eliminado de los resultados de búsqueda pero el contenido, sin embargo, permanece en la red.
¿Está cumpliendo Google totalmente con la ley?
A pesar de haber facilitado un proceso para la retirada de resultados, Google sólo eliminará éstos en las versiones regionales de sus motores de búsqueda, es decir, en sitios como google.es (España), google.fr (Francia), google.de (Alemania)… mientras que estos podrán ser encontrados en la versión global del motor google.com que, al ser accesible desde dentro de la UE, contraviene lo estipulado por el tribunal.
Un panel de expertos de Google elaboró un documento justificando esta decisión cuya argumentación principal es que prácticamente el 95% de los usuarios europeos del buscador usan su versión regional.
¿Qué pasa con el resto de motores de búsqueda?
A pesar de que tiene una posición dominante en el mercado, Google no es el único buscador disponible en el mercado europeo. Competidores como Bing y Yahoo también tienen el deber de cumplir con la nueva ley y parece que ambos han empezado ya a trabajar para implementar su propio proceso de solicitud.
Un portavoz de Microsoft ha declarado que están “refinando el proceso y nuestro objetivo es conseguir un equilibrio entre el derecho del individuo a la privacidad y el interés público en la libertad de expresión.”
