El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso del Defensor del Pueblo contra el artículo 58 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) de 1985. Este artículo había sido aprobado por el Parlamento como una enmienda a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y daba la posibilidad a los partidos políticos de recabar datos sobre ideología de los ciudadanos.

Los detalles del recurso ya los recogimos en este otro artículo del Blog de PSN SERCON.

En concreto este es el texto del artículo que ha tumbado el Constitucional:

Artículo 58 bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales.

1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas.

2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral.

3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial.

4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo destacado su naturaleza electoral.

5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición.

(Fuente: página web de la Junta Electoral Central)

El Constitucional sólo ha necesitado dos meses para tomar una decisión a la que se ha llegado por unanimidad. Los magistrados no han considerado, por tanto, que esta nueva capacidad que se arrogaban los partidos políticos estuviese amparada en el “interés público” como ellos argumentaban. La única limitación que se habían impuesto los partidos políticos a sí mismos había sido la de que no la identidad de los sujetos no fuese identificable, aunque no habían contemplado ninguna medida concreta para garantizarlo.

La aprobación de la ley generó una gran polémica porque permitía de facto a los partidos políticos la recogida de datos relativos a la ideología considerados sensibles y de especial protección y además sin consentimiento. La Agencia Española de Protección de Datos emitió hasta dos comunicaciones dos comunicaciones (aquí y aquí) en las que intentaba limitar el alcance de lo estipulado en el artículo.