Una casilla premarcada no cuenta como método para recoger el consentimiento según la opinión emitida por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Szpunar.

La opinión fue emitida en el marco de un caso contra el sitio de lotería a través de Internet Planet49. En la página inicial de este sitio web, los usuarios encontraban dos casillas. La primera no estaba marcada y pedía a los usuarios permiso para que otras empresas colaboradoras les contactasen. La segunda casilla estaba premarcada, aunque no era necesaria para participar, y pedía el consentimiento para la instalación de cookies.

La cuestión que se le planteó al TJUE fue si Planet49 había obtenido un consentimiento válido para recoger, procesar y almacenar información contenida en el terminal del usuario -a través de cookies- con el método de las casillas premarcadas.

El abogado Szpunar llegó a la conclusión de que el consentimiento no era válido, incluso aunque la información recabada no fueran datos personales. El hecho de que el usuario tenga que eliminar la marca de la casilla no alcanza para inferir que el consentimiento ha sido libre e informado. Las empresas, por lo tanto, no pueden suponer que el hecho de que un usuario haya dejado sin tocar una casilla premarcada suponga un consentimiento.

Szpunar declara en su informe que es “imposible determinar objetivamente” si el usuario ha proporcionado el consentimiento sobre la base de una decisión libre e informada pidiéndole que elimine la marca de una casilla. “Por el contrario, pedir a un usuario que marque una casilla” hace más probable que el consentimiento sea realmente libre e informado.

Otro elemento importante de la opinión del abogado es que al pedir el consentimiento no se deben usar distintas fórmulas que puedan provocar la confusión del usuario.

A pesar de que las casillas premarcadas llevan tiempo consideradas como una práctica que viola las leyes de protección de datos, su utilización sigue siendo frecuente. Por ello, esta opinión -avalada por el TJUE- proporciona una señal clara y por escrito de que esta técnica no debe ser utilizada.

Aunque las opiniones del abogado general no son vinculantes, son normalmente tenidas en cuenta por el alto tribunal europeo.