El cuerpo policial europeo, la Europol, tendrá que borrar gran parte de la ingente cantidad de datos personales que ha acumulado en el ejercicio de sus operaciones. Esto se debe a que el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) considera que estos datos han sido recabados y almacenados de forma irregular.

El SEPD es la autoridad supervisora independiente que tiene como objetivo garantizar que las instituciones y órganos de la Unión Europea respeten el derecho a la intimidad y la protección de datos. Después de realizar una investigación sobre el “arca de datos” de la Europol, el SEPD ha llegado a la conclusión de que la agencia de seguridad europea tiene en su poder más de 4 petabytes de datos procedentes de informes policiales, vigilancias y hackeos.

El supervisor europeo ha ordenado el borrado de todos aquellos datos que hayan sido almacenados durante más de seis meses y le ha dado a Europol un año para ponerse al día en sus prácticas de recabado y almacenamiento de datos personales.

La decisión supone un enfrentamiento entre dos agencias europeas en un momento en el que el uso de la inteligencia artificial y el big data por parte de las fuerzas de seguridad está provocando un debate entre partidarios de una mayor defensa del derecho a la privacidad y partidarios de una mayor capacidad de acción para las fuerzas de seguridad.

La Comisaria europea de Asuntos de Interior Ylva Johansson pertenece al segundo grupo y considera que las “fuerzas de seguridad necesitan las herramientas, los recursos y el tiempo para analizar los datos que les llegan de manera legal.

Para la Comisión Europea la decisión del SEPD supone un desafío a la capacidad que tiene la Europol para actuar y está ya planteando cambios legales que permitan a la agencia de seguridad almacenar los datos personales de los que dispone de un modo legal.

Europol, por su parte, niega haber cometido ninguna irregularidad y achaca la decisión del SEPD a una interpretación errónea de la ley. A su vez ha asegurado que trabaja con la SEPD para “encontrar un equilibrio entre mantener segura a la Unión Europea y a sus ciudadanos seguros y mantener unos óptimos estándares de protección de datos.