Después de la reciente propuesta de acuerdo aprobada por el Consejo de Europa y el acuerdo de los ministros de Justicia de la UE del pasado marzo, la creación de un sistema de ventanilla única de protección de datos europeo parece cada día más cerca. Bajo este sistema, una empresa que opere en varios de los 28 estados miembros tendrá solamente que responder ante la autoridad del estado miembro en el que se encuentre registrada o en el que tenga su sede principal, incluso aunque el caso afecte a ciudadanos de otros estados.
El objetivo de este nuevo marco, según la propia Unión Europea, es hacer «el proceso más eficiente en costes para negocios internacionales y también contribuir al crecimiento de la economía digital».
Estas decisiones han despertado recelo en algunos estados miembros que no están de acuerdo con la cesión de poderes de sus reguladores nacionales en su jurisdicción. El argumento principal es que grandes multinacionales con base en países con una legislación más laxa, podrán escapar el control de las autoridades gracias a este sistema.
Para José Luis Rodríguez Álvarez, director de la Agencia Española de Protección de Datos, el sistema de ventanilla única «inclina excesivamente la balanza a favor de los intereses de las empresas y en perjuicio de los derechos de los ciudadanos». Añade además que la normativa de protección de datos no supone un obstáculo para la actividad empresarial sino que «es una condición para generar confianza en los bienes y servicios de la economía digital».
Ante esta preocupación, las autoridades europeas contemplan dar la posibilidad a las autoridades nacionales de apelar cualquier decisión con la que no estén de acuerdo.
Precisamente para tomar decisiones vinculantes sobre estos desacuerdos, en la cumbre de ministros de justicia del pasado marzo se acordó la creación de un panel regulador paneuropeo que aplicará la nueva Ley de protección de Datos europea.
El objetivo final de las reformas para la Unión Europea es «la creación de un marco de protección de datos más riguroso y coherente, apoyado por una aplicación decidida que permitirá a la economía digital desarrollarse a través de los distintos mercados internos, dando a los individuos el control de sus propios datos y proporcionando mayor certidumbre práctica y legal par a los agentes económicos y las autoridades públicas».
Y concluye reafirmando su compromiso con la protección de datos subrayando su carácter de «derecho fundamental» y asegurando que la reforma «busca asegurar un nivel de protección mayor para los datos personales».
Foto de Yanni Koutsomitis bajo licencia Creative Commons 2.0
