Las webs piratas han recibido esta última semana un duro golpe. A partir de ahora, cualquier web que lleve a cabo actividades ilícitas y que no haya desistido de ellas después de un primer aviso, podrá ser cerrada directamente sin necesidad de autorización judicial. Simplemente se requerirá al prestador de servicios de Internet que deje de servirla.

Esta noticia supone, por el contrario, un gran espaldarazo a los intereses de creadores y distribuidores de contenidos que ven como una de sus principales amenazas, la piratería, se puede ver eliminada sin tener que recurrir a procesos judiciales que pueden llegar a durar varios años.

El organismo encargado de decidir sobre el cierre será la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, es decir, un órgano ejecutivo y no judicial. Se espera que esta comisión agilice el cierre de páginas que actualmente ofrecen servicios de streaming de contenidos audiovisuales que violan los derechos de propiedad intelectual.

La medida ha generado críticas como la de Adigital (Asociación Española de Economía Digital) que ha manifestado que la posibilidad de cierre sin necesidad de autorización judicial “aniquila la garantía procesal que aporta la intervención judicial por el mero hecho de que el sujeto hubiera incumplido antes”. También la ONG FACUA-Consumidores en Acción “considera que esta medida supone un retroceso en materia de libertad de expresión al dejar en manos de una comisión administrativa la clausura de una página”.

La medida ha sido alabada, por el contrario, por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos que ha agradecido “la defensa de los contenidos culturales y de entretenimiento” que esta medida supone. Carlota Navarrete, directora de esta organización ha destacado “el paso adelante que suponen las mejoras incluidas en la lucha contra la piratería digital de contenidos, que permitirán, al igual que en países de nuestro entorno como Portugal, Italia, Francia o Reino Unido, entre otros, una mayor protección de la propiedad intelectual en el entorno digital”.

El observatorio de la piratería de la Coalición de Creadores calcula que en 2017 se produjeron más de 4 mil millones de accesos ilegales a contenidos creando un perjuicio de 1,857 millones de euros.

La modificación de la ley que permite estos cierres se introdujo en una enmienda a la ratificación del Proyecto de Ley para modificar la normativa de Propiedad Intelectual que contó con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos. El texto pasará ahora al Senado.