Facebook ha sorteado el riesgo de verse abocada al cierre de sus servicios en Europa este verano gracias a las objeciones presentadas por varias autoridades de protección de datos europeas sobre el borrador de decisión que había emitido su autoridad de Irlanda, país en el que tiene su sede.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) recoge la necesidad de consenso en los casos que atañen a varios países y por tanto permite que las autoridades de países afectados expongan sus objeciones a la decisión de la autoridad principal.
“Hemos recibido algunas objeciones por parte de un pequeño número de Autoridades de Protección de Datos en este caso,” declaró la autoridad irlandesa (Irish Data Protection Comissioner). “Revisaremos las objeciones y trabajaremos con las autoridades relevantes para tratar de resolver los problemas expuestos.”
No se dieron detalles de la naturaleza de las objeciones.
El caso en sí parte de las transferencias de datos que Facebook realiza a los Estados Unidos y que, tras la abolición del tratado Escudo de Privacidad (Privacy Shield), no están amparados por ningún marco legal. Estas transferencias, por tanto, deberían ser suspendidos inmediatamente. De llevarse a cabo esta suspensión, esto supondría también la suspensión del propio servicio de Facebook en Europa, dependiente en gran medida del procesado de datos que se realiza al otro lado del Atlántico.
Se espera ahora que la decisión final se demora durante algunos meses más. Posteriormente, se espera que Meta, la empresa matriz de Facebook, presente un recurso y, por lo tanto, el proceso podría demorarse significativamente.
Estos retrasos suponen una oportunidad para Facebook de evitar tener que realizar ningún cambio en sus procesos ya que las autoridades europeas y norteamericanas están trabajando en la creación de un nuevo marco legal de transferencias de datos que reemplace al Escudo de Privacidad y que podría servir en el futuro para dar un amparo legal a sus servicios.
Si las autoridades de protección de datos de los distintos países no llegan a un acuerdo, el Comité Europeo de Protección de Datos tendría que intervenir y encontrar una solución de consenso que podría demorarse hasta 2023.
