A pesar de que el Reino Unido será en un futuro próximo un país externo respecto a la Unión Europea, su normativa de protección de datos estará en harmonía con la del resto del continente. Esto es lo que desprende de los planes desvelados recientemente por el gobierno británico para aprobar una nueva ley de protección de datos que recoja muchos de los puntos fundamentales del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
El objetivo de la nueva ley es que los datos puedan seguir fluyendo libremente a través de las fronteras una vez que se confirme el brexit.
Estos planes contemplan la introducción de su propia versión del Derecho al Olvido ya vigente en la Unión Europea. La versión británica va incluso más allá y contempla que los ciudadanos puedan solicitar el borrado total y permanente de todos los datos acumulados por empresas digitales recogidos durante el periodo en el que eran menores de edad.
La nueva legislación también dará a la agencia de protección británica (Information Commissioner) poderes para imponer multas de hasta 17 millones de libras o el 4% de la facturación anual de los negocios por violar la nueva ley.
Otra de las novedades de la propuesta de nueva ley es la posibilidad de apelar a un humano contra decisiones que hayan sido tomadas por un algoritmo. Esto previene que las empresas tecnológicas se puedan esconder detrás de las máquinas a la hora de justificar sus acciones. No se obligará a las empresas a que revelen el funcionamiento de su algoritmo, pero en cualquier caso los computadores no se manejan a sí mismos y son las empresas las que tienen que responder de ellos y sus actividades.
La definición de “datos personales” también se expandirá y pasará a incluir direcciones IP, web cookies e incluso el ADN. Además, también se crearán nuevos tipos penales para perseguir delitos en los que las empresas, bien intencionadamente o por descuido, dejen al descubierto los datos personales de sus usuarios.
A pesar de que esta nueva ley está encaminada a asegurar que el flujo de datos entre la UE y el Reino Unido pueda continuar una vez consumada la separación, podría ser necesario un acuerdo transitorio para evitar cualquier interrupción.
El texto definitive de la nueva legislación se conocerá a final de verano de 2017.