El Ministerio de Justicia del Gobierno de España ha informado hoy sobre la aprobación de una norma con rango de ley que supone la adaptación del Derecho Español al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea en algunas cuestiones que no precisan de una ley orgánica. Esta medida se adopta con carácter urgente ya que el proyecto de ley orgánica que incorporará definitivamente todos los cambios necesarios para la adaptación plena se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria.
Entre las novedades que recoge esta Real Decreto se encuentran aspectos relacionados con la inspección, como el personal que contará con autorización para realizar investigaciones en materia de protección de datos, o cómo deberá desarrollarse la colaboración entre las autoridades de protección de datos de distintos países.
El RGPD no entra a valorar aspectos de gran relevancia legal como los plazos de prescripción y los deja a criterio del ordenamiento interno de cada país. En el caso del decreto aprobado hoy, el gobierno ha optado por mantener los mismos plazos contemplados por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD): un año para sanciones inferiores a 40.000 €, dos años para las se sitúan entre 40.000 y 300.000 € y tres años de ahí en adelante.
En este sentido el Real Decreto introduce una importante salvedad. Los procedimientos podrán suspenderse en caso de que sea necesario recabar información de otras autoridades, una medida encaminada a evitar prescripciones en caso de demora en la remisión de datos.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «esta es una cuestión bien interesante en la que Europa ha trabajado denodadamente en el último tiempo».
«Desde el 25 de mayo de este año, el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD) es aplicable en España. Para adaptarlo a nuestro ordenamiento interno, aunque disponemos de un proyecto de ley orgánica que está en curso, mientras cursa su trámite hemos tenido que aprobar un real decreto de medidas urgentes para adaptar el ordenamiento español a la nueva normativa de la UE fijada en ese reglamento», ha declarado.
