El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el pasado martes, 25 de marzo, el proyecto de ley orgánica para la protección de personas menores de edad en los entornos digitales, un texto que sitúa a España a la vanguardia europea en la regulación de la seguridad digital infantil. Niños, niñas y adolescentes han participado activamente en la elaboración de la norma a través del Consejo Estatal de Participación Infantil.
Ya tiene el aval de la Comisión Europea y ha recibido, y tenido en cuenta, los informes de los organismos consultivos (Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia).
Entre las medidas más destacadas:
— Aumento de la edad mínima para acceder a redes sociales: pasa de 14 a 16 años, obligando a las plataformas a implementar sistemas fiables de verificación de edad.
— Control parental obligatorio: los dispositivos móviles deberán incluir sistemas de control parental desde su configuración inicial.
— Protección frente a contenidos nocivos: se penalizan los deepfakes sexualmente explícitos o vejatorios generados con inteligencia artificial.
— Endurecimiento de penas por grooming: se incrementan las sanciones para los adultos que engañan a menores en línea con fines sexuales.
En cuanto al ocio digital:
— Prohibición de acceso a loot boxes en videojuegos para menores.
— Los centros educativos deberán regular explícitamente el uso de móviles y pantallas, conforme a las normas autonómicas.
Además, se introducen protocolos sanitarios para detectar y tratar conductas adictivas derivadas del uso excesivo de dispositivos digitales.
Por otro lado, la regulación consolida los derechos de los menores de edad en el entorno digital, a través del artículo 2, que establece que «tienen derecho a recibir información suficiente y necesaria en una forma y lenguaje apropiado según la edad sobre el uso de las tecnologías, así como de sus derechos y de los riesgos asociados al entorno digital».
Entre las medidas que contempla está el desarrollo de una estrategia nacional para la protección de la infancia y la juventud en los entornos digitales que estará liderada por el Ministerio de Juventud e Infancia y se apoyará en el informe del grupo de 50 expertas y expertos. Uno de sus grandes ejes será un plan de alfabetización mediática para que los menores sepan cómo ejercer sus derechos en este ámbito. En colaboración con los ayuntamientos y la Federación Española de Municipios y Provincias, el Gobierno pondrá en marcha una escuela de madres y padres para los entornos digitales.
Por otra parte, el proyecto de ley introduce cuatro novedades en el Código Penal:
— incorpora en el catálogo de penas la prohibición de que los agresores se comuniquen con las víctimas en los entornos digitales;
— establece como delito poner a disposición de los menores material pornográfico de manera indiscriminada;
— tipifica como delitos contra la integridad moral los deepfakes (ultrafalsificaciones en las que se usa la imagen o la voz de una persona creadas para parecer reales) de contenido sexual o gravemente vejatorio; y
— considera como agravante en los delitos contra la libertad sexual la creación por parte de personas adultas de perfiles falsos para parecer menores y ganarse así la confianza de las víctimas.
Por último, se modifica la Ley General de Comunicación Audiovisual para que los grandes operadores de comunicación y los influencers con un número muy elevado de seguidores cuenten obligatoriamente con canales de denuncia ante contenidos inapropiados para menores. Deberán informar del contenido que pueda ser perjudicial para ellos, utilizar sistemas de verificación de edad efectivos y separar del resto los contenidos de naturaleza pornográfica o violenta.
░ Imagen thepaintedsquare en Pexels
