Google y el resto de motores de búsqueda no tendrán que aplicar el derecho al olvido en todo el mundo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya fallado a su favor en el recurso a la sentencia que les obligaba a borrar los resultados en todo el mundo.

Esta historia comenzó en 2015 cuando la agencia de protección de datos francesa Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés CNIL exigió a Google que eliminase sus resultados relacionados con el derecho al olvido de todos los países en los que opera. Por aquel entonces, Google fue multada con 100,000 euros por no hacerlo.

La argumentación de la CNIL era que los resultados que se debían borrar seguían estando disponibles fuera de Europa y que, por tanto, eran accesibles usando tecnologías tan extendidas como el VPN.

Google consideraba que la exigencia de borrar los resultados de las peticiones relacionadas con el derecho al olvido en todo el mundo era desproporcionada y recurrió al alto tribunal europeo. Este tribunal les ha dado ahora la razón.

Eso sí, el tribunal exige a Google y al resto de motores de búsqueda que adopten medidas para impedir el acceso a esos resultados que todavía están disponibles fuera de Europa. En otras palabras, que creen barreras tecnológicas que impidan que una simple conexión VPN ponga en entredicho el derecho al olvido.

El derecho al olvido permite que cualquier individuo puede solicitar a los motores de búsqueda como Google la retirada de enlaces a páginas que contengan información personal relativa a ellos mismos. Es importante precisar que la ley no supone la eliminación de la página web que contiene la información, sino que hace que esa página no se pueda encontrar en los motores de búsqueda.

Google ha proporcionado esta semana datos sobre la aplicación del derecho al olvido. El principal motor de búsqueda del mercado europeo ha recibido 845 501 peticiones de retirada de resultados que han recibido un 45% de respuestas positivas resultando en la retirada de 3,3 millones de resultados.

Una de las argumentaciones de Google para justificar su oposición a la aplicación global del derecho al olvido es la posibilidad de que sea empleado por gobiernos como instrumento de censura eliminando menciones a casos de corrupción en aras de la protección de datos.

El origen del derecho tiene origen en España ya que partió de la denuncia de un ciudadano español que entendía que las referencias que aparecían en Google a un embargo en el que se había envuelto, no eran relevantes le perjudicaban. Su denuncia dio lugar a lo que se acabó denominando derecho al olvido.