El Reino Unido se está convirtiendo en el país de las demandas colectivas contra los gigantes de Internet en materia de protección de datos. Si la semana pasada hablábamos del caso Lloyd contra Google, esta semana tenemos que hablar del caso de la publicidad infantil en YouTube. En la demanda presentada esta semana se acusa a YouTube —también propiedad de Google — de violar las leyes de protección de datos al vender a los anunciantes el acceso a menores de 13 años.

Las leyes de protección de la Unión Europea, de la que Reino Unido será miembro hasta final de año, dan una protección especial a los datos de menores y establecen una edad mínima para que el consentimiento de un menor tenga validez, en el caso del Reino Unido esta edad son los 13 años.

La demanda colectiva reclama a YouTube 3 000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, una cantidad que se traduciría en varios cientos de dólares para una de las casas en las que habitan menores de 13 años en el Reino Unido.

Según la demanda, la plataforma de vídeos YouTube identifica a sus usuarios menores de 13 años y ofrece a los anunciantes la posibilidad de impactarlos con mensajes publicitarios, algo totalmente contrario a la ley. Según la acusación, la propia plataforma aludía a la posibilidad de impactar a estos segmentos de edad como uno de sus argumentos comerciales a la hora de publicitar sus servicios a empresas especializadas en público infantil como las jugueteras. Según la demanda, YouTube se autodenominaba “líder en el alcance de niños de 6 a 11 años frente a los canales de televisión” y “votada unánimemente como la web favorita de los niños entre 2 y 12 años”.

YouTube ha emitido un comunicado en el que declara que su plataforma no está dirigida a menores de 13 años y que para ese segmento tienen una app separada llamada YouTube Kids. La plataforma asegura “trabajar siempre para proteger a los niños y a las familias”.

En los Estados Unidos, YouTube ha tenido que pagar 22.5 millones de dólares por una demanda similar a la británica.

La decisión de la Corte de Apelación del Reino Unido de permitir las demandas colectivas aunque no haya evidencia directa de perjuicio económico está empezando a provocar serios problemas para los gigantes de Internet.