El gobierno chino ha aprobado una nueva ley de protección de datos personales con una clara inspiración en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aunque sin llegar a las garantías que este ofrece. La ley, llamada Ley para la Protección de la Información personal, entrará en vigor desde el uno de noviembre de este año.

La intención del gobierno chino, según sus propias fuentes, es la de atajar el uso de datos personales con fines poco escrupulosos, algo que se da en muchos servicios digitales en el país asiático. Para conseguirlo, la nueva ley impondrá importantes restricciones legales sobre cómo se puede recabar y tratar información de carácter personal.

Por ejemplo, la nueva ley requerirá que los desarrolladores de aplicaciones ofrezcan opciones a los usuarios sobre el uso de sus datos, como la posibilidad de optar por no ser impactado por publicidad basada en comportamiento.

También obliga a los responsables de tratamiento a contar con el consentimiento de los individuos para llevar a cabo el tratamiento de datos sensibles como datos biométricos, sanitarios, financieros o de localización.

Los servicios que no respeten estos requerimientos podrían ver sus licencias suspendidas temporalmente o incluso revocadas.

La ley, al igual que el RGPD, tiene carácter extraterritorial por lo que cualquier empresa extranjera que opere en China y que procese datos personales de ciudadanos chinos deberá cumplir con sus requerimientos. Entre estos podrían estar la necesidad de nombrar responsables de protección de datos en China, una figura similar al DPD.

Otro aspecto en el que la ley emula al RGPD es en la necesidad de completar una evaluación de impacto antes de iniciar el tratamiento de datos sensibles, de poner en marcha sistemas automatizados de decisión o de transferir datos fuera del país.

El régimen sancionador de la ley contempla multas de hasta 5 millones de euros o el 5% de la facturación del año anterior.

Queda por ver si la actividad de vigilancia del propio estado chino queda cubierta por esta ley, aunque la práctica generalizada del reconocimiento facial en lugares públicos, entre otras prácticas, haría pensar lo contrario.