El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha firmado una orden ejecutiva que tiene como objetivo impulsar el cumplimiento del acuerdo de transferencia de datos entre su país y la Unión Europea que se anunció el pasado marzo. Esta orden ejecutiva regula una serie de salvaguardias para las agencias de inteligencia americanas tendrán que adoptar en su labor de recogida de información.
El acuerdo busca poner fin al limbo legal en el que se encuentran miles de empresas después de que el Tribunal de Justicia de la UE aboliese los dos acuerdos que regían los intercambios de datos en el pasado conocidos como Escudo de Privacidad y Puerto Seguro.
El gobierno estadounidense ha declarado a través de su secretaria de comercio Gina Raimondo que la orden ejecutiva “supone la culminación de un esfuerzo conjunto para restituir la confianza y la estabilidad a los flujos de datos transatlánticos” y “asegurará la privacidad de los datos personales de la UE”.
El nuevo pacto entre ambos lados del Atlántico busca cumplir con todas las objeciones planteadas por el alto tribunal europeo que en julio de 2020 retiró la validez del marco legal Escudo de Privacidad que hasta eses momento daba soporte legal a las transferencias de datos entre Europa y EE. UU.
Para el comisario de Justicia de la UE Didier Reynders es muy probable que se dé un nuevo recurso contra esta nueva iteración del acuerdo, pero tiene la confianza de que esta vez el tribunal dará su visto bueno.
“Es un salto adelante respecto al Escudo de Privacidad. Es totalmente diferente. Espero que a la tercera sea la vencida.”
Reynders ha informado de que el proceso de aprobación del nuevo marco legal tomará alrededor de seis meses.
Una de las claves de la orden ejecutiva es que atiende a una de las objeciones clave del TJUE, la capacidad para poder acudir a los tribunales en Estados Unidos en caso de que se considere que se han violado los derechos a la protección de datos. Las decisiones de los tribunales serán vinculantes para las agencias de inteligencia. En anteriores acuerdos sólo se contemplaba el recurso a un arbitraje no vinculante, algo que no resultaba suficiente para al justicia europea.
Además, la orden ejecutiva insta a las agencias de inteligencia americanas a recabar sólo los datos que sean necesarios y proporcionados.
La Casa Blanca por su parte ha asegurado que el flujo transatlántico de datos es “crucial para permitir unas relaciones económicas por valor de 7.1 billones de dólares” y confían en que el nuevo marco legal “devolverá la base legal a los flujos de datos transatlánticos.”
Por su parte el activista Max Schrems, cuyos recursos tumbaron los anteriores acuerdos ha asegurado que analizarán con lupa la orden ejecutiva.
“A primera vista, parece que los asuntos cruciales no están resueltos así que más tarde o más temprano el TJUE volverá a tener que decidir”, declaró el austríaco.
